Pero no todo es fácil. Las pymes tecnológicas enfrentan desafíos: los costes de certificación, la escasez de perfiles híbridos (ingenieros + juristas + éticos) y la lentitud de los organismos notificantes. Para paliarlo, el Gobierno español, a través del CDTI y el Ministerio de Asuntos Económicos, ha lanzado en 2025 el programa “IA Ética Emprende”, que subvenciona hasta el 70% de los costes de adaptación al RAI, ofrece mentorías con expertos de la AEPD y facilita sandboxes regulatorios —entornos controlados donde probar soluciones sin riesgo legal.
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En el ámbito internacional, las startups españolas están exportando su know-how regulatorio. FairAlgo, con sede en Málaga, ha desarrollado una API que automatiza la evaluación de riesgo de cualquier modelo de IA según el RAI, usada ya por startups en Portugal, Italia y Polonia. “Nosotros sufrimos primero la norma; ahora ayudamos a otros a cumplirla más rápido”, explica su fundador.
Además, la regulación ha forzado la innovación técnica. Startups como DataSense (Bilbao) han creado algoritmos “explicables por diseño”, donde cada decisión se puede rastrear hasta la variable de entrada, cumpliendo con el derecho europeo a la explicación. Otras, como BiasShield (Zaragoza), ofrecen herramientas para detectar y corregir sesgos de género, raza o edad en modelos de contratación automática —una exigencia clave del RAI.
En resumen, la regulación europea de IA no ha frenado la innovación en España: la ha encauzado, profesionalizado y legitimado. Las startups que antes competían por ser las más rápidas o baratas, hoy compiten por ser las más transparentes, justas y sostenibles. En un mundo donde la desconfianza hacia la tecnología crece, España se está posicionando como el laboratorio europeo de la IA ética —donde lo legal no limita, sino que libera el verdadero potencial innovador. El futuro no es tener más IA, sino mejor IA. Y España, gracias al RAI, va por delante.
